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En siete años años en vigor, 21 clubs han entrado en concurso de acreedores
Fútbol español: Hecha la ley, hecha la trampa
Aplicado al fútbol, la ley ha supuesto la panacea a las malas gestiones.
Principalmente, porque la Administración y los jueces no admiten sanciones deportivas sobre los clubs que se encuentran en proceso concursal. El último ejemplo lo hemos visto con el Real Zaragoza. El Deportivo ha pedido a la LFP su descenso por el impago de 1,5 millones en el "caso Lafita y la jueza concursal que ha intervenido al club aragonés ya ha advertido a la Liga que no se admitirá sanción alguna.
Total, que la Ley Concursal se ha convertido en la salvación de aquellos clubs acuciados por las deudas. Y el mensaje que todo el mundo ha visto, incluido el propio secretario de Estado para el Deporte, Albert Soler, es que ha pasado a ser la "Ley de los tramposos" y un agravio comparativo para los que viven de acuerdo con sus posibilidades económicas. Sirva de paradoja que los dos clubs mejor gestionados las dos últimas temporadas, el Numancia, la 08-09, y el Tenerife, la 09-10, descendieron en lucha con rivales que no dudaron en seguir endeudándose para reforzar sus plantillas y que luego se han acogido al concurso de acreedores para evitar el descenso administrativo.
La veda la abrió la UD Las Palmas a los dos meses de entrar en vigor la ley. El Sporting fue el primero que entró a petición de sus acreedores, en 2005. Pero lo que primero era un goteo, ante el temor que despierta lo nuevo, con el tiempo se ha convertido en un hábito. Hasta el punto de que en la actualidad ya son 21 los equipos que han pasado o están pasando por ese proceso. UD Las Palmas, Sporting, Málaga, Real Sociedad, Levante, Celta, Alavés, Albacete, Alicante y Murcia ya han saneado sus economías. Rayo, Zaragoza, Betis, Mallorca, Granada, Xerez, Recreativo, Córdoba, Poli Ejido y Cádiz, están en ello. El Hércules, que recientemente ha solicitado su entrada en concurso, se les unirá en breve. Y el Racing puede ser el siguiente, después de la "espantá" de su dueño, Alí Syed.
La deuda con la que entraron estos diez clubs que actualmente se encuentran en concurso de acreedores asciende a 400 millones. Dicho de otra forma, solo un diez por ciento de la deuda total que arrastran los clubs profesionales en España. Si apartamos a Barcelona y Real Madrid, que no son SAD y que tienen patrimonio y recursos económicos suficientes para sostener sus deudas, el resto están en peligro. Y la situación actual puede llevar a una auténtica avalancha de peticiones.
Por un lado, está la deuda con los futbolistas. Los clubs aún no han saldado los 20 millones que adeudan de la pasada campaña y la previsión es que el actual ejercicio se cierre con otros 22 `kilos¿. 300 futbolistas se ven afectados por esta situación de impago y el peligro del descenso puede amenazar a más de uno el 31 de julio si no se pone al día o llega a un acuerdo con los jugadores. Pero la mayor amenaza para los clubs es el proyecto de reforma de la Ley Concursal que está pendiente de llevarse al Congreso de Diputados.
La modificación estipula que todo club que entre en Ley Concursal descenderá automáticamente de categoría, para evitar esas injusticias que se están cometiendo con los clubs que gestionan equilibradamente sus cuentas. La intención era llevar el proyecto de reforma al Congreso a finales de febrero o principios de marzo del próximo año, pero con las elecciones generales previstas para primavera, lo más probable es que no se aborde ya hasta la próxima legislatura.
Teniendo en cuenta que cuando entre en vigor las modificaciones a la Ley ya no se podrá utilizar el concurso de acreedores como salvavidas, la cifra de clubs intervenidos puede desbordarse la próxima temporada. La AFE lucha por contener esta vorágine y como casi cada año a estas alturas encima de la mesa hay una amenaza de huelga para el inicio de Liga. Y el CSD parece dispuesto a involucrarse en la negociación del nuevo convenio para poner freno a una situación que se ha ido de las manos.
La UEFA empieza a controlar este año
El presidente de la UEFA, Michael Platini, lleva tiempo advirtiendo esta situación de bancarrota y en 2007 ya impulsó una ley de ‘fair play’ financiero para controlar el gasto de los clubs que entra en vigor esta misma temporada. Inicialmente se ha marcado un período de compensación de seis temporadas para que los clubs limiten su déficit a 45 millones, siempre controlado, y al término del cual no debe superar los 30 millones. A partir de la campaña 2017-2018, se impedirá a los clubs gastar más del 70 por ciento de sus ingresos en fichajes, bajo la amenaza de ser excluidos de las competiciones europeas. Para todo ello, la UEFA constituirá un panel de control independiente, dirigido por un fiscal, que analizará los balances de los clubs.
